Introducción crítica sobre la edición de 1986
Este libro nace de una frase. A finales de enero de 1981, recién instalado en la Casa Blanca, Ronald Reagan recibió a los rehenes liberados de Teherán y anunció, en la versión que da Bolshakov, que «De ahora en adelante se castigará con rapidez y eficacia el terrorismo enfilado contra América». Días después su secretario de Estado, Alexander Haig, precisó a quién se refería: al «terrorismo internacional», cuyas fuerzas, según él, la Unión Soviética «entrena, subvenciona y equipa». Terrorismo a la norteamericana es la respuesta soviética a esa acusación, y su método está en el título: devolver el cargo. No es Moscú quien practica el terror en el mundo, sostiene Vladimir Bolshakov, sino Washington, a través de la CIA, del Pentágono y de una red de regímenes clientes que va de Santiago de Chile a Tel Aviv y Pretoria. El libro termina con una frase que contesta, sin nombrarlo, al libro de Claire Sterling The Terror Network (1981), que había dado a la campaña de Haig su consigna: «Así actúa la red real, y no inventada, del terrorismo internacional organizado por EE.UU.»
Conviene fijar primero qué texto tiene el lector en las manos. La página de créditos de esta edición declara el original ruso, Terrorizm po-amerikanski, publicado en 1983 por la editorial moscovita Mezhdunaródnye Otnoshenia (Relaciones Internacionales), y presenta el volumen como traducción al español con modificaciones, firmada por O. Razinkov y publicada por la Editorial Progreso en 1986 dentro de la serie «El imperialismo: acontecimientos, hechos, documentos». Las modificaciones se dejan ver: el texto llega a la invasión de Granada (25 de octubre de 1983), a una conferencia de prensa celebrada en Kabul el 27 de febrero de 1984 y a las incursiones en Nicaragua de ese mismo año, y después no hay nada. Es, pues, un libro de la época de Andrópov, cerrado a comienzos de 1984 y puesto en circulación en castellano cuando Gorbachov llevaba un año en el poder. La contracubierta enumera las obras anteriores del autor; entre ellas figura El sionismo al servicio del anticomunismo, un dato que importa para leer su cuarta parte.
El encargo es transparente. La serie a la que pertenece existía para dar a lectores de América Latina, de África y de Asia una documentación del imperialismo norteamericano lista para usar, y en este caso para desactivar la acusación de Haig ante un público que conocía de primera mano lo que Washington llamaba lucha contra el terrorismo. Un lector de lengua castellana de 1986 no necesitaba que nadie le explicara Guatemala, Chile o Nicaragua. Esa es la fuerza del libro y también su trampa, porque cuanto más sólida es la acusación contra Washington, más visible se vuelve lo que la acusación deja fuera.
Empecemos por lo que el libro hace bien, que es mucho. Su capítulo sobre Guatemala reconstruye el golpe de 1954 a partir de los documentos del Departamento de Estado que Stephen Schlesinger publicó en The Nation en 1979, y sigue la línea hasta las matanzas en el altiplano de 1982: los testimonios de refugiados recogidos por los juristas Kass y Goldman, que el libro reproduce («No gastaban balas para niños»), son exactos en lo esencial y fueron confirmados después con creces. El capítulo sobre Chile descansa en el informe final de la comisión Church del Senado norteamericano, al que cita, y en el libro de Seymour Hersh sobre Kissinger: los 350.000 dólares de la ITT para Alessandri, las dos vías decididas en la reunión del 15 de septiembre de 1970, las armas entregadas a los conspiradores que atentaron contra el general Schneider, las listas que la estación de la CIA en Santiago preparó para el día después. Su conclusión, «De hecho, se trataba de un golpe norteamericano, encomendado a la reacción chilena», resume con justicia lo que el propio Senado de Estados Unidos había documentado. El capítulo sobre Nicaragua es aún mejor como registro: la orden de diciembre de 1981 que autorizó a la CIA a organizar a los exiliados somocistas, el papel del embajador John Negroponte en Honduras, la «enmienda de Bauland» (es decir, la enmienda Boland) y la facilidad con que se eludió, el ataque a Corinto de octubre de 1983. Todo eso era verdad, y la verdad completa resultó peor. El 27 de junio de 1986, el año mismo de esta edición, el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya condenó a Estados Unidos por armar a la contra y minar los puertos nicaragüenses; meses después estalló el escándalo Irán-Contra. Tampoco es invención la parte que dedica a los suministros israelíes de armas a las juntas de Guatemala, El Salvador y Chile, ni la declaración de Ríos Montt a la cadena ABC atribuyendo el éxito de su golpe a la instrucción israelí de sus soldados.
Hay incluso un pasaje en el que Bolshakov aplica, contra un adversario, la prueba más útil que existe para leer este tipo de literatura: leer más allá de las comillas. US News and World Report había presentado en 1981 la carta de Lenin al comité de combate de San Petersburgo, de octubre de 1905, como prueba de que el terrorismo soviético venía de Lenin. Bolshakov responde que la revista la citó «aunque inexactamente», que «no menciona cuándo, en qué condiciones y por qué él lo escribió», y añade que «Al citar esta carta en 1981, la revista US News and World Report no mencionó esta reserva de Lenin», la frase en la que Lenin advertía que no imponía su punto de vista. Tiene razón, y lo demuestra citando la carta entera, incluida la línea que menos le conviene («Desde luego, pueden degenerar en actos extremistas»). Es la cortesía elemental de la polémica, y no abunda en el género.
En los grandes trazos, además, Bolshakov no estaba solo. La prensa de la IV Internacional en castellano, que siguió la revolución centroamericana número a número, dijo lo mismo y con frecuencia antes. Inprecor denunció en enero de 1982 que Haig acusaba a la guerrilla salvadoreña de lanzar acciones «terroristas» con dinero soviético para justificar la ayuda a la junta, y la declaración del Secretariado Unificado sobre El Salvador (Inprecor, n.º 15, mayo de 1980) describía la «operación de limpieza del campo salvadoreño» en términos que el capítulo del libro no supera. En Estados Unidos, Edward S. Herman publicó en 1982 The Real Terror Network, una réplica a Sterling cuyo título anticipa la frase final de este libro. En lo que acusa a Washington, Bolshakov y la izquierda occidental que no le debía nada a Moscú coinciden, y hay que decirlo así.
Ahora bien, la acusación tiene puntos débiles que el propio libro deja a la vista, y el más instructivo es Orlando Letelier. En el capítulo sobre Chile, Bolshakov escribe: «Las razones morales tampoco detuvieron a los terroristas de la CIA en los tiempos de Carter», y atribuye la muerte del antiguo embajador de la Unidad Popular a una bomba «colocada por terroristas de Langley, en pleno día y en el centro mismo de Washington». En la última sección del libro, el mismo autor da la versión correcta: el atentado del 21 de septiembre de 1976 «Fue obra de agentes chilenos dirigidos por el general Contreras», jefe de la DINA. Las dos frases no pueden ser verdad a la vez. La segunda lo es: el agente que colocó la bomba, Michael Townley, se declaró culpable ante un tribunal norteamericano en 1978, y la justicia de Estados Unidos procesó a Contreras, cuya extradición negó la dictadura. La fecha, además, cae bajo Ford y no bajo Carter. Y cuando, en esa misma página, el libro incorpora la CIA y el Mossad a la Operación Cóndor, la coordinación represiva de las policías políticas del Cono Sur, no aporta ninguna fuente. La responsabilidad de Washington en Chile está documentada de sobra; no necesitaba que se le atribuyera un crimen que cometió la policía de Pinochet.
Lo mismo ocurre con las cifras. «30.000 muertos y 2.000 desaparecidos es el saldo de los 10 años del gobierno de Pinochet», afirma el libro; la comisión chilena de Verdad y Reconciliación documentó en 1991 algo más de dos mil muertos y desaparecidos, cifra que las comisiones posteriores elevaron por encima de los tres mil, además de decenas de miles de torturados. En Sabra y Chatila, según Bolshakov, «resultaron víctimas cerca de 7.000 mujeres, ancianos y niños»; las estimaciones serias van de los setecientos u ochocientos muertos que admitió la comisión israelí Kahan a unos tres mil según fuentes palestinas. Ninguno de esos crímenes necesitaba ser inflado, y cada cifra inflada entrega al adversario la excusa que busca.
El segundo problema es de fuentes, y aquí aparecen los métodos del lado soviético. La pieza central del capítulo «Apoyo en la reacción» es un supuesto plan de dominio mundial cuya autora sería Jeane Kirkpatrick: «Según el diario indio Patriot, la autora de este documento fue Jean Kirkpatrick». El libro asegura que Casey confirmó el documento, sin nota alguna. Patriot es el mismo diario de Nueva Delhi que en julio de 1983 publicó la carta anónima según la cual el virus del sida había sido fabricado en un laboratorio militar norteamericano, la operación que el propio jefe del espionaje exterior ruso, Yevgueni Primakov, reconoció en 1992 como obra del KGB. Más abajo, el lector encuentra que un corresponsal de la cadena CBS, Dan Rather, habría dirigido la tortura y el degüello de tres obreros afganos para filmarlos; la única fuente es «el periódico afgano Hakikate inkilabe saur», órgano del partido gobernante. Y las dos cartas supuestamente capturadas a los guerrilleros, presentadas en una conferencia de prensa en Kabul como prueba de que la CIA fabricaba acusaciones sobre armas químicas, llevan este comentario: «Los documentos que fueron presentados a los periodistas son convincentes y es imposible refutarlos». Un documento que no se puede refutar porque nadie puede examinarlo no es una prueba. Bolshakov exige a Haig pruebas que él mismo no aporta.
Esto conduce a la pregunta decisiva, que no es si el libro acusa con razón a Washington, sino si su definición del terrorismo podría aplicarse alguna vez al Estado que lo publicó. El libro da una definición, tomada del derecho internacional, y es buena: «Mencionemos también las formas terroristas de conducción de la guerra. Estas son, en primer lugar, el terror contra la población civil pacífica y el empleo de medios bárbaros de exterminio de la fuerza viva del adversario». Basta con aplicarla a Afganistán. El libro dedica una sección entera a Afganistán, «Los dushmanes y la CIA», y en ella el ejército soviético aparece una sola vez, como «contingente limitado de tropas soviéticas» introducido en la república «a petición de su Gobierno legítimo y en conformidad con la Carta de la ONU». ¿Qué gobierno? El libro no lo dice. Hafizullah Amín aparece solamente como el hombre que desplazó a Taraki, en un pasaje que insinúa su relación con la CIA («Es poco probable que el ascenso fuese casual»). Lo que el lector no sabrá por este libro es que Amín murió el 27 de diciembre de 1979 en el asalto de las tropas especiales soviéticas a su palacio, y que el gobierno que «pidió» las tropas fue el de Babrak Karmal, al que esas mismas tropas instalaron en el poder. Karmal no aparece ni una vez en el libro.
La IV Internacional lo había dicho en castellano seis años antes, y con una precisión que hoy merece ser citada. La resolución del Secretariado Unificado sobre Afganistán (Inprecor, n.º 13, marzo de 1980) escribía de la burocracia soviética: «Tiene que recurrir a la mentira cínica para explicar sus actos. Tiene que declarar ahora que el régimen de Amin», al que había apoyado mientras gobernaba, «era manipulado por la CIA. Tiene que pretender que fue llamada por un gobierno cuyos principales miembros liquidaría inmediatamente». Es exactamente el relato de Bolshakov, descrito antes de que él lo escribiera. Hay que añadir, por honradez, que esa misma resolución coincidía con él en otro punto: consideraba a la guerrilla un bloque social reaccionario apoyado por el imperialismo, y en 1980 no reclamó la retirada soviética. Ocho años después, el Secretariado Unificado había llegado a otra conclusión: la caída del gobierno de Kabul tras la retirada, escribía en marzo de 1988, «constituiría en cualquier caso un mal menor respecto a que se mantenga el empantanamiento soviético en Afganistán» (citado por Salah Jaber en Inprecor, n.º 64, noviembre de 1988). Ese mismo artículo registra los tres millones de refugiados afganos en Pakistán. La diferencia entre las dos posiciones no es que una acertara siempre; es que una podía corregirse a sí misma y la otra no.
Nada de esto quita verdad a lo que el libro dice de la ayuda norteamericana a los guerrilleros. Al contrario, la quedó corta. Bolshakov fecha la decisión de Carter de armarlos en diciembre de 1979; en 1998, Zbigniew Brzezinski reconoció en una entrevista con Le Nouvel Observateur que la primera directiva de ayuda secreta a los adversarios del gobierno de Kabul se firmó el 3 de julio de 1979, meses antes de la intervención soviética. Y Hezb-i Islami, que el libro nombra entre los grupos armados por la CIA a través de Pakistán, fue en efecto la organización más favorecida por ese circuito y una de las más brutales. En esto, Bolshakov tenía razón antes que muchos. Lo que no podía hacer era poner la guerra soviética bajo la misma definición.
La misma pauta, el mismo método, recorre el libro de principio a fin. El terror bolchevique se justifica sin reservas («Sí, los bolcheviques contestaron con el terror rojo al terror blanco reinante en la Rusia zarista. Esto fue un derecho legítimo del pueblo insurrecto»), y lo que el libro dice de Lenin en 1905 es defendible. Pero cuando el relato llega a la posguerra, la violencia del bloque soviético no aparece como silencio, sino como acusación invertida: la doctrina norteamericana del «rechazo», dice el libro, inspiró «las acciones de las fuerzas antisocialistas en la República Democrática Alemana (RDA) en 1953 y en Hungría en 1956». Los obreros de Berlín Este y los consejos obreros de Budapest pasan a ser obra de la CIA; los tanques soviéticos que los aplastaron y la ejecución de Imre Nagy en 1958 no existen. El libro dedica varias páginas a los nacionalistas ucranianos que trabajaron para los servicios occidentales, pero no menciona que su dirigente Stepan Bandera fue asesinado en Múnich en 1959 por un agente del KGB, Bogdán Stashinski, que lo confesó ante un tribunal de Karlsruhe en 1962. Tampoco nombra el asesinato en Londres del disidente búlgaro Gueorgui Markov, en 1978. Las «medidas activas», la falsificación de documentos y la propaganda encubierta que el KGB organizaba en el mismo tercer mundo al que se dirigía esta serie no aparecen en un libro que dedica su argumento a los «difamadores y desinformadores» de la CIA.
Hay otros silencios, más extraños, porque la tesis del libro no los necesitaba. El capítulo sobre El Salvador no nombra al arzobispo Óscar Romero, asesinado mientras decía misa el 24 de marzo de 1980; la declaración del Secretariado Unificado ya citada recordaba que Romero había pedido a los soldados que no obedecieran las órdenes de matar, y que «El 24 de marzo de 1980 fue abatido por un pistolero a sueldo de la extrema derecha». Tampoco nombra al FMLN. El capítulo sobre Granada, que denuncia con razón la invasión, no nombra a Maurice Bishop ni explica que fue derrocado y fusilado por una fracción de su propio partido el 19 de octubre de 1983, seis días antes del desembarco. La declaración de la IV Internacional del 29 de octubre de 1983 (Inprecor, n.º 34) condenaba la invasión con la misma energía que Bolshakov, pero la explicaba sin esconder nada: «Reagan ha esperado la oportunidad de un debilitamiento de la revolución granadiense para lanzar sus marines al asalto de la isla», y citaba la declaración del Partido Comunista de Cuba según la cual ninguna doctrina, y «ninguna división interna justifica procedimientos atroces como la eliminación física de Bishop». La Habana, aliada de Moscú, nombró el crimen. El libro de Moscú no nombró a la víctima. Y en un volumen que se apoya en el informe de la comisión Church para Chile, el programa con el que el FBI espió, infiltró y desarticuló a los Panteras Negras y al movimiento por los derechos civiles, documentado por esa misma comisión, no aparece: la palabra FBI surge solamente como asociada de la CIA. Es difícil no pensar que la persecución policial de la disidencia interna era un terreno en el que la comparación habría resultado incómoda.
Queda la forma en que el libro trata a la izquierda que no es la suya. En el capítulo «En nombre del anticomunismo», Bolshakov reproduce una entrevista con un fascista español, José Tolo Blasco, que asegura haberse reunido con grupos de extrema izquierda; preguntado por quiénes, responde: «¿Brigadas rojas? No puedo decirlo. Tal vez, puedo insinuarlo». Sobre esa insinuación, el autor construye una acusación general contra «los ideólogos ultraizquierdistas, así como de los trotskistas y maoístas, muy próximos a aquéllos», a los que atribuye una alianza con los neonazis, y concluye: «El anticomunismo y el antisovietismo constituyen un rasgo inalienable de todos los movimientos ultraizquierdistas de nuestra época». No hay un nombre, una organización, una fecha ni un acto que pudiera demostrarse falso. Es una esencia, no una acusación. La única vez que Trotsky aparece en el libro es en boca de un periodista del New York Times, Bernard Gwertzman, que lo cita para explicar de dónde sacaba Reagan la idea de un Estado comunista mundial: «Esta idea la propugnaba Trotski, que predicaba la doctrina de la ‘revolución permanente’». Bolshakov acepta el retrato. Los militantes que en esos mismos años denunciaban, en Madrid, en París o en Nueva York, la guerra de Reagan en Centroamérica con tanta energía como él, y que además defendían a los obreros de Gdansk, no tienen lugar en su esquema.
El último punto exige especial cuidado, porque el libro mezcla una denuncia justa con algo que no lo es. La cuarta parte, sobre Israel, registra crímenes reales: Deir Yassin, la invasión del Líbano, Sabra y Chatila, la venta de armas a las dictaduras latinoamericanas y la colaboración militar con Sudáfrica. Pero en medio de ese registro aparecen «Los sionistas millonarios de EE.UU.», que según el libro ocupan un importante lugar en el complejo militar-industrial, y en particular «los hermanos Lazarus, miembros de la directiva del “comité hebreo norteamericano”», que «ejercen control sobre la compañía aérea Lockheed». Y sobre Sabra y Chatila, la equiparación: «El método es el mismo que emplearon los hitlerianos». La figura del financiero judío que controla la industria de guerra no es un análisis del imperialismo; es un tópico antiguo del antisemitismo europeo, y su presencia aquí no es accidental en el autor de El sionismo al servicio del anticomunismo, que escribía en los años de la campaña «antisionista» oficial de la URSS. La resolución del Secretariado Unificado sobre la guerra del Líbano, del 10 de octubre de 1982 (Inprecor, n.º 31), condenaba la invasión israelí con no menos dureza que este libro, señalaba que se había hecho con el apoyo de Estados Unidos y que la resistencia palestina había sido «vencida, traicionada y abandonada por los regímenes árabes y por la burocracia soviética». Y trazaba la línea que este libro borra: «La lucha encarnizada contra los crímenes sionistas no es para nada contradictoria con la lucha encarnizada contra toda forma de antisemitismo que apuntara no solamente contra el Estado de Israel sino contra el conjunto de los judíos en su identidad nacional».
¿Qué vale entonces Terrorismo a la norteamericana para el lector de hoy? Como registro de lo que Estados Unidos hizo en Guatemala, en Chile y en Nicaragua, mucho: reúne en un solo volumen, con fuentes que en su mayoría pueden comprobarse, las pruebas que el propio Congreso norteamericano había sacado a la luz, y lo que afirma sobre la contra y sobre la ayuda secreta a la guerrilla afgana se confirmó después y fue peor. Como análisis del terrorismo de Estado, falla por la razón que su propio título anuncia. Un terrorismo «a la norteamericana» supone que hay otro, y el libro no puede mirarlo. Define el terror como violencia contra la población civil y no aplica la definición a la guerra que su Estado libraba en Afganistán mientras se imprimía; exige pruebas a Haig y ofrece cartas que nadie puede examinar; ve la mano de la CIA en Berlín en 1953 y en Budapest en 1956 y no ve la del KGB en Múnich en 1959. La crítica de la política exterior norteamericana que hicieron Herman, la prensa de la IV Internacional o los movimientos de solidaridad con Centroamérica era la misma en sus hechos y más fuerte en sus conclusiones, porque podía aplicarse a cualquier Estado, incluido el soviético. Leído así, el libro sirve para dos cosas: como acta de acusación contra Washington y como lección sobre lo que le ocurre a una acusación justa cuando el que la formula no admite que se le pueda aplicar.