Editorial ProgresoMoscú

Situación jurídica de los extranjeros en la URSS

Introducción crítica sobre la edición de 1984

El libro

Esta introducción abre Situación jurídica de los extranjeros en la URSS, de M. Boguslavski, L. Lázarev, N. Márisheva.
Rústica en Bookmundo

Este libro habla de usted. «Si Usted, estimado lector, tiene oportunidad de visitar Moscú o Kiev, Leningrado o Minsk», empieza diciéndole, encontrará allí a sus compatriotas, porque «a la URSS llegan cada año unos 5 millones de huéspedes extranjeros de más de 160 países del mundo». Situación jurídica de los extranjeros en la URSS es un manual para ese visitante: qué visado necesita, qué puede pasar por la aduana, cómo se casa en Kiev con una ciudadana soviética, qué ley rige la herencia de un pariente muerto en Leningrado, quién le defiende si le detienen. Lo firman M. Boguslavski, L. Lázarev y N. Márisheva, y la portada indica que la obra se preparó bajo la redacción del catedrático M. Boguslavski. La Editorial Progreso lo publicó en Moscú en 1984, en traducción del ruso de J. Bogdan. El título ruso, Inostrantsi v SSSR: pravovoe polozhenie [Los extranjeros en la URSS: situación jurídica], lleva el copyright de la propia editorial, lo que apunta a un libro concebido para la exportación, y en efecto se dirige desde la primera página a un lector de fuera.

Conviene fecharlo por su contenido y no por la portada. Las referencias más recientes son de 1982: el discurso de Brézhnev en Bakú de septiembre de ese año, las cifras de la Universidad de la Amistad de los Pueblos para 1982 y las del curso 1981/82. Andrópov no aparece. El manuscrito se cerró, pues, entre finales de 1982 y comienzos de 1983, y salió de la imprenta en el año de Chernenko. El objeto del libro es la Ley de la URSS sobre la situación jurídica de los ciudadanos extranjeros, aprobada por el Soviet Supremo el 24 de junio de 1981 y en vigor desde el 1 de enero de 1982, que el volumen reproduce íntegra en el Anexo. Hay que leerlo, además, a la luz de su momento diplomático. La ley se aprobó a mitad de la conferencia de seguimiento de la CSCE que se celebró en Madrid entre noviembre de 1980 y septiembre de 1983, donde la «tercera cesta» de Helsinki (los contactos entre personas, la reunificación de las familias, la libertad de movimiento) fue el terreno principal del enfrentamiento entre los bloques. El libro invoca el Acta final de Helsinki una y otra vez. Es, entre otras cosas, la respuesta soviética a esa discusión, puesta en manos del turista y del estudiante extranjero.

Hay que empezar por lo que el libro hace bien, que no es poco. Boguslavski era el principal especialista soviético en derecho internacional privado, autor del manual de referencia de la disciplina, y se nota. Los capítulos sobre la capacidad civil, la herencia, los contratos, la indemnización del daño, los derechos de autor y, sobre todo, el matrimonio y la familia, son una exposición competente de las normas de conflicto de la legislación civil soviética: qué ley se aplica cuando una ciudadana búlgara quiere casarse en la URSS con un primo hermano soviético, cuándo se reconoce en Moscú un matrimonio religioso celebrado fuera, cómo se reparte una herencia entre un heredero soviético y otro de la RFA. Los ejemplos son concretos y, por lo que puede comprobarse, exactos. El catálogo de convenios consulares y de asistencia judicial sigue siendo útil para el historiador del derecho. La ley de 1981 era una ley real, y en materia civil daba a los extranjeros residentes derechos reales.

Algunos de ellos merecen además reconocimiento. La ley de ciudadanía de 1978 y la práctica soviética anterior no hacían seguir a la mujer casada la nacionalidad del marido, cuando el Código Civil español mantuvo esa regla hasta la reforma de 1975. Los ochenta y seis mil estudiantes extranjeros del curso 1981/82, la mitad procedentes de Asia, África y América Latina, estudiaban con beca, residencia y asistencia médica gratuita, y muchos médicos e ingenieros del Sur se formaron así. Y el libro contiene una admisión que muchos volúmenes de Progreso no habrían hecho: «Las limitaciones impuestas durante los años de posguerra en la URSS a la posibilidad de contraer matrimonios “mixtos” fueron invalidadas hace más de 20 años.» Se refiere al decreto del 15 de febrero de 1947 que prohibió el matrimonio de ciudadanos soviéticos con extranjeros, derogado en noviembre de 1953. El libro no lo nombra ni dice por qué se dictó, pero no lo niega.

La medida de todo lo demás está en el artículo 3 de la ley, que el libro llama con razón su principio rector, el «régimen nacional»: «Los ciudadanos extranjeros en la URSS gozan de los mismos derechos y libertades y tienen las mismas obligaciones que los ciudadanos soviéticos». Es una fórmula honrada, y por eso mismo reveladora. Los derechos del extranjero valen exactamente lo que valen los del ciudadano soviético, ni más ni menos. Y sobre los derechos del ciudadano soviético, en los terrenos en que el extranjero más los iba a echar de menos, el libro guarda silencio.

El ejemplo más claro es la salida del país. El libro cita tres veces el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que la URSS había ratificado y que estaba en vigor desde 1976. Lo cita para justificar las limitaciones al desplazamiento de los extranjeros por el territorio soviético y para afirmar que los motivos por los que se les puede negar la salida, «como también la inclusión de requisitos para la salida de los extranjeros que no cumplieron con sus obligaciones patrimoniales», concuerdan «totalmente con las exigencias del artículo 12 del Pacto Internacional de los derechos civiles y políticos». No cita nunca el apartado segundo de ese mismo artículo: «Toda persona tendrá derecho a salir libremente de cualquier país, incluso del propio.» Cita la Declaración Universal de Derechos Humanos dos veces, el artículo 15 y el 29, y nunca el 13, que dice lo mismo. La omisión no es casual, porque el lector atento advierte enseguida algo que el libro presenta como trámite: el propio extranjero necesita permiso para marcharse. Según el artículo 25, «los extranjeros salen de la URSS presentando su pasaporte nacional válido o el documento que lo reemplaza y el permiso otorgado por órganos soviéticos competentes». El visado de salida, que pocos Estados fuera del bloque soviético exigían a un extranjero, se le explica al visitante como cosa natural.

Para el ciudadano soviético la salida era otra cosa. El libro nombra la norma que la regulaba, las Reglas de entrada y salida aprobadas por el Consejo de Ministros el 22 de septiembre de 1970, pero no dice una palabra de su contenido. Nombra también la ley sobre responsabilidad penal por traición a la patria, y tampoco dice qué contiene: en el derecho penal soviético (artículo 64 del Código Penal de la RSFSR), la traición incluía la huida al extranjero y la negativa a regresar de él. La emigración soviética aparece una sola vez en estas páginas, de lado, en el capítulo sobre las obligaciones alimentarias: «Hay casos, en que los hijos mayores de ciudadanos soviéticos se radican en el exterior, tomando la ciudadanía extranjera.» Cuando se escribía esta frase, la emigración judía, que había superado las cincuenta mil salidas en 1979, se estaba reduciendo hasta quedar por debajo del millar en 1984, y los «refuseniks» a quienes se negaba el permiso eran uno de los asuntos centrales de la conferencia de Madrid. Lo mismo vale para el matrimonio. Desde 1953 un ciudadano soviético podía casarse con una extranjera sin pedir permiso a nadie, como subraya el libro. Para irse con ella necesitaba el permiso de salida, que dependía de esas reglas de 1970 que el libro nombra y calla, y los «matrimonios divididos» figuraron durante años en las listas que las delegaciones occidentales presentaban en las reuniones de la CSCE.

Lo mismo ocurre dentro del país. El extranjero residente debe presentarse en la oficina de visados y registro (la OVIR) «en el término de 24 horas desde el momento de su llegada», inscribir cada cambio de domicilio y llevar su permiso de residencia a cada acto del registro civil, y el artículo 29 de la ley sanciona con multa «la no observancia del orden establecido del registro de documentos y de domicilio». Es el régimen del pasaporte interior y de la propiska, el empadronamiento obligatorio, aplicado al extranjero. El ciudadano soviético vivía bajo ese mismo régimen desde el decreto de diciembre de 1932 que creó el pasaporte interior. Los campesinos de los koljoses quedaron excluidos de él, y por tanto sujetos a la tierra, hasta el reglamento de 1974, que se aplicó entre 1976 y 1981. En todo el libro el pasaporte interior sólo aparece en manos de los turistas de los países socialistas, que entran en grupo «presentando sus pasaportes nacionales internos». En Inprecor (n.º 48, abril de 1986), Bohdan Krawchenko describió lo que el libro omite: en la empresa soviética, «además del pasaporte interno, cada trabajador ha de llevar consigo una cartilla de trabajo que registre los resultados de su trabajo y en la que se anota cualquier actividad anormal».

El trato del pensamiento del visitante sigue la misma pauta. «Al ingresar a la URSS las autoridades no se interesan por las concepciones políticas del extranjero», asegura el capítulo III, y lo contrapone a la ley de inmigración norteamericana, que de verdad cerraba la puerta a los comunistas. Es cierto que no había cuestionario. Pero unas páginas después el mismo capítulo prohíbe introducir impresos, películas, manuscritos y grabaciones «que contengan informes que pueden dañar los intereses políticos y económicos de la URSS», y pone como ejemplo de infracción aduanera a un funcionario belga detenido en Sheremétievo con impresos antisoviéticos: «Del lado revés de su camiseta, en bolsillos de tela cosidos especialmente, había escondido toda una “biblioteca”». El capítulo II recuerda al extranjero que, igual que el ciudadano, está obligado a respetar la prohibición de «la agitación y propaganda antisoviética, la difusión de infundios y literatura calumniosos que denigre el sistema estatal y social soviético». A nadie se le preguntaban sus ideas en la frontera porque se le registraba la maleta. (De paso, el «senador estadounidense Battle, furioso antisoviético», cuyo visado concedido sin trabas debía demostrar la tolerancia soviética, era Laurie Battle, miembro de la Cámara de Representantes, y su ley de 1951 no prohibía el comercio con la URSS: amenazaba con retirar la ayuda norteamericana a los países que exportaran material estratégico al bloque soviético.) Ernest Mandel, que escribía para un movimiento por la paz al que Moscú quería ver como aliado, explicaba en diciembre de 1983 que la desconfianza de los trabajadores occidentales hacia el régimen soviético no nacía de una «propaganda antisoviética», sino de «experiencias concretas que han entrado ahora en la conciencia de las masas de todo el mundo en grado creciente», entre ellas la represión de los disidentes y «la ausencia de libertades democráticas elementales de la clase obrera» (Inprecor, n.º 35).

Las garantías procesales muestran el mismo desfase. «En la URSS nadie puede ser arrestado si no es por orden del juez y por sanción de un fiscal», dice el capítulo II, en una frase más generosa que el artículo 54 de la propia Constitución de 1977, que admitía el arresto por decisión judicial o con la sanción del fiscal. El capítulo IX deshace la frase: tras la detención de hasta tres días, dice: «Si el procurador en este lapso de tiempo no autoriza la detención provisional, el sospechoso es liberado de inmediato». Quien decidía era el fiscal, no un juez, y la ley de 1981 confía también al fiscal la detención del extranjero que se resiste a la expulsión. El libro escribe en otro lugar, con toda razón: «No es suficiente declarar los derechos y libertades. Es necesario brindar las correspondientes garantías para ejercitarlos. De otro modo, puede resultar una formalidad sin contenido y una mera retórica.» Y sitúa entre esas garantías la de que «el Partido Comunista expresa los intereses de todo el pueblo». León Trotsky había escrito de la Constitución de 1936, en el capítulo X de La revolución traicionada, que cada una de sus garantías de libertad tenía «la forma de una pesada mordaza o de grilletes en manos y pies». Lo que había cambiado en 1981 era el peso de la mordaza, no su existencia.

Queda la parte de la historia que el libro no cuenta, y que afecta de lleno a sus lectores de lengua castellana. La reseña histórica del capítulo I afirma: «De acuerdo al principio del internacionalismo proletario, el Estado soviético brindó derecho de asilo a todos los extranjeros perseguidos en su propio país por causas políticas o religiosas», y el artículo 6 de la ley de 1981 lo concede a quienes son perseguidos «por defender los intereses de los trabajadores y la causa de la paz, por participar en el movimiento revolucionario y de liberación nacional». La reseña avanza con orden de etapa en etapa: «Hacia mediados de los años 30 en la URSS culminó la creación de las bases del socialismo», la Constitución de 1936, la ley de ciudadanía de agosto de 1938. Y luego salta: «Después de la Segunda Guerra Mundial han acontecido cambios fundamentales». Entre ambas frases estaban los asilados.

Los extranjeros perseguidos por su actividad revolucionaria eran, en los años treinta, los emigrados de la Internacional Comunista: los alemanes, austriacos, polacos, húngaros, yugoslavos y búlgaros del hotel Lux y de las escuelas de la Komintern. Fueron, como categoría, de las primeras víctimas del Terror de 1937-1938. El Partido Comunista de Polonia fue disuelto por la Komintern en 1938 y casi toda su dirección residente en Moscú, fusilada. Béla Kun, jefe de la República húngara de los consejos, fue fusilado en agosto de 1938. Las «operaciones nacionales» de la NKVD contra polacos, alemanes, letones y otros grupos acabaron con más de cien mil personas sólo en la operación polaca. Y el asilo se convirtió en entrega. Hans Schafranek documentó en Zwischen Gestapo und NKWD [Entre la Gestapo y el NKVD] (1990) la entrega a la Alemania nazi de unos novecientos alemanes y austriacos entre 1937 y 1941: unos seiscientos antes del pacto germano-soviético, entre ellos al menos sesenta refugiados políticos que habían recibido asilo, y otros trescientos cinco en el otoño de 1939, en su mayoría comunistas y antifascistas perseguidos. Margarete Buber-Neumann, entregada en el puente de Brest-Litovsk en febrero de 1940, salió viva de Ravensbrück para contarlo. Hans-Jürgen Schulz, al reseñar el libro en Inprekorr (n.º 239, septiembre de 1991), lo llamó «uno de los crímenes más cínicos del estalinismo». La categoría de «persona sin ciudadanía», que según el libro la ley de 1938 introdujo por primera vez, tampoco necesitaba esa ley para existir: el 20 de febrero de 1932 un decreto del Comité Ejecutivo Central había privado de la ciudadanía soviética a Trotsky y a los familiares que compartían su destierro, junto con una treintena de personas, entre ellas dirigentes mencheviques, añadidas a la lista, como el propio Trotsky señaló en su carta abierta de marzo de ese año, para disimular su objeto.

Para el lector español el silencio tiene nombres conocidos. Cerca de tres mil niños fueron evacuados a la URSS en 1937 y 1938. Detrás de ellos llegaron, tras la derrota, los cuadros del PCE, los maestros de las casas infantiles, los pilotos que se formaban en escuelas soviéticas y las tripulaciones de los barcos republicanos que el final de la guerra sorprendió en puertos soviéticos. Muchos niños crecieron, trabajaron y murieron como ciudadanos soviéticos, algunos en el cerco de Leningrado y en el frente. Pero los que pidieron marcharse, a México, a Francia o de vuelta a España, descubrieron el régimen de salida mucho antes de que este libro lo describiera para los extranjeros. Varios marinos y aviadores que insistieron en salir terminaron en los campos de Karagandá, y sólo en abril de 1954 el Semíramis desembarcó en Barcelona a algunos de ellos junto a los prisioneros de la División Azul. Las repatriaciones colectivas no empezaron hasta 1956. Mientras tanto, la colonia española vivía bajo la autoridad de su propio aparato: José Gutiérrez Álvarez recordaba en Inprecor (n.º 81, enero de 1991), siguiendo el libro de Gregorio Morán Miseria y grandeza del Partido Comunista de España, 1939-1985 (1986), las acusaciones contra Fernando Claudín por su actuación en Moscú «como primer responsable de la agrupación comunista española», en los años en que la disidencia dentro del exilio se pagaba con la expulsión y, para quien no tenía pasaporte, con algo peor. Nada de esto contradice la letra de la ley de 1981, que es posterior. Todo ello desmiente la continuidad que la reseña histórica atribuye a los principios «del internacionalismo, del democratismo y el humanismo».

¿Para qué sirve hoy este libro, entonces? Para dos cosas, y las dos son reales. Es una exposición fiable del derecho soviético de extranjería y de las normas de conflicto tal como estaban escritas en 1982, y en materia civil, familiar y sucesoria lo que estaba escrito se aplicaba. Y es un documento muy preciso de la manera en que el Estado soviético de la última época quería ser visto por quien llegaba de fuera: correcto, previsible, legalista, sinceramente orgulloso de sus universidades y de su igualdad formal entre hombres y mujeres. Pero el método del libro es su propio límite. Mide al extranjero por el ciudadano y no dice nunca lo que podía el ciudadano. El visitante que leyera estas páginas sabría qué le pasaría si intentaba sacar un icono por Sheremétievo. No sabría por qué la estudiante de Kiev con quien acababa de casarse no podía subir con él al avión. El lector de hoy puede completar el libro con lo que calla, y entonces lo lee como lo que es: el retrato fiel de una legalidad hecha para el que estaba de paso, en un país del que sus propios ciudadanos no podían salir.

Las citas de textos de los que no se ha podido consultar una edición castellana se dan en traducción propia.