Editorial ProgresoMoscú

¿Qué es el «socialismo democrático»?

Introducción crítica sobre la edición de 1980

El libro

Esta introducción abre ¿Qué es el «socialismo democrático»?, de P. Fedoséiev (dir.).
Rústica en Bookmundo

Las comillas del título son la tesis del libro. ¿Qué es el «socialismo democrático»? no pregunta de verdad qué es el socialismo democrático: lo pone entre comillas desde la cubierta, y a lo largo de ciento cincuenta páginas las comillas no se caen nunca. La respuesta llega en la Introducción, con una fórmula que los autores debieron de considerar feliz: «La fórmula principal del “socialismo democrático” no es, en esencia, pese a su denominación, “socialismo más democracia”, sino “democracia menos socialismo”». Es una buena frase polémica y contiene una parte de verdad. El problema de este libro, y lo que lo hace instructivo, es que la frase admite una inversión que sus autores no podían escribir, y que el libro entero se organiza para que no se escriba.

Conviene fijar primero qué objeto tiene el lector entre las manos. La página de créditos del volumen impreso dice: «Grupo de autores: P. Fedoséiev (dirigente), S. Alexándrov, G. Egánov, V. Kachanov, N. Kovalski, A. Krujmalev, B. Orlov, S. Smirnov y V. Tumanov»; traducido del ruso por F. Ceberio; original, Что такое «демократический социализм»?, © Politizdat, 1978; y, debajo, «Traducción al español con modificaciones Editorial Progreso 1980». Piotr Fedoséiev no era un autor cualquiera. Académico, vicepresidente de la Academia de Ciencias de la URSS, había dirigido entre 1967 y 1973 el Instituto de Marxismo-Leninismo adjunto al Comité Central del PCUS. Un libro que lleva su nombre al frente de un equipo de nueve no es la opinión de un estudioso: es una toma de posición del aparato ideológico soviético, dictada por la editorial del propio partido.

La fecha del texto requiere cierto cuidado, porque el libro tiene dos. El manuscrito ruso es de 1977-1978: el capítulo III da a los laboristas británicos en el poder —«Desde comienzos de 1974 forma otra vez Gobierno.»— y a los socialdemócratas suecos recién pasados a la oposición, que es la situación posterior a septiembre de 1976. Las «modificaciones» de la versión española añadieron, por lo que se ve, algunas noticias de la primavera de 1979: un número de Pravda del 7 de marzo de 1979, la visita a Moscú del primer ministro jamaicano Michael Manley en abril de ese año, las elecciones británicas de mayo de 1979. Pero la puesta al día fue desigual: el mismo capítulo que registra la cita electoral de mayo de 1979 sigue presentando como gobierno vigente al que esas elecciones derribaron. Es, pues, un libro de 1978 retocado en 1979 e impreso en 1980, y debe leerse como una intervención en la coyuntura de esos dos años.

Esa coyuntura explica el encargo. En 1976 Willy Brandt asumió la presidencia de la Internacional Socialista y la abrió hacia América Latina, África y el sur de Europa; el libro sigue ese movimiento con capítulos sobre el «socialismo democrático» africano, latinoamericano, japonés e israelí. Al mismo tiempo, varios partidos comunistas de Europa occidental —el italiano, el francés, el español— se distanciaban públicamente de Moscú, y la Conferencia de Berlín de junio de 1976 había mostrado que el movimiento comunista ya no hablaba con una sola voz. La línea soviética, tal como la expone el capítulo V, era doble: denuncia ideológica sin concesiones de la socialdemocracia y, a la vez, ofrecimiento de «unidad de acción» con ella en materia de distensión y desarme. El libro proporciona a los cuadros de los partidos hermanos los argumentos para sostener ambas cosas a la vez. Su versión española iba dirigida, además, a un público concreto: el de una España que acababa de salir de la dictadura y en la que la palabra «socialismo» se disputaba en la calle.

Lo que el libro no nombra

Aquí está su silencio más elocuente. En una edición castellana de 1980, España aparece una sola vez, en un pasaje sobre «la acción unitaria antifascista en apoyo a la España republicana» de 1936-1939. El PSOE no aparece. Felipe González aparece una vez, y no como dirigente del principal partido de la izquierda española, sino como presidente de una comisión de la Internacional Socialista: el libro informa de que «una comisión que preside Felipe González se halla trabajando en ese documento desde 1976» —un nuevo programa que sustituyera a la Declaración de Francfort— y de que no había logrado presentarlo en el congreso de Vancouver de 1978. Ni una palabra sobre el debate que en esos mismos meses partía en dos al socialismo español: el XXVIII Congreso del PSOE, en mayo de 1979, rechazó suprimir la definición marxista del partido, González se negó a presentarse a la reelección y un congreso extraordinario, en septiembre, lo devolvió a la secretaría general con una definición en la que el marxismo dejaba de ser seña de identidad para convertirse en instrumento de análisis. Para un libro que se pregunta qué es el «socialismo democrático», el ejemplo más vivo que tenían delante sus lectores españoles no existe. Pudo deberse a que la revisión se cerró antes del verano de 1979; el texto no permite saberlo. Pero el resultado es que el lector de Madrid o de Barcelona recibió una anatomía de la socialdemocracia en la que su propia socialdemocracia no figura.

El segundo silencio es más significativo, porque no puede atribuirse a la cronología. La palabra eurocomunismo no aparece en el libro. Tampoco aparecen Carrillo, Berlinguer ni Marchais, ni con su grafía ni con las variantes que suele producir el escáner; el PCE no figura en ninguna forma. Y, sin embargo, el libro habla de ellos en casi todas sus páginas. El apartado primero del capítulo II, dedicado al «socialismo democrático» «de los revisionistas de derecha y los renegados», nombra sólo a individuos ya expulsados o salidos de sus partidos —Garaudy, Šik, Fischer, Marek—, pero describe a partidos enteros. Habla de quienes hacen declaraciones «acerca de que renuncian al concepto de marxismo-leninismo, considerando anticuados muchos puntos del leninismo», en un momento en que el IX Congreso del PCE, en abril de 1978, acababa de abandonar la definición «leninista» del partido. Acusa a los «revisionistas modernos» de querer «contraponer los partidos comunistas de los países capitalistas europeos a los partidos comunistas de los países del socialismo». Les reprocha la «concesión de un valor absoluto a las vías pacíficas» y la aceptación de que un gobierno socialista abandone el poder si pierde las elecciones, que era la posición declarada de Berlinguer y de Carrillo. Y se queja de que presenten la solidaridad de los partidos hermanos como «una intromisión en los asuntos internos de este o el otro partido».

El procedimiento es constante. A quien está fuera se le nombra y se le llama renegado; a quien sigue dentro de las relaciones fraternales se le describe sin nombrarlo, para no romper la relación. Incluso los nombres que sí aparecen están cuidadosamente recortados. El libro cita al «católico de izquierda español A. Comín», que habría tachado el socialismo soviético de «nueva variante de productivismo jacobino». Alfonso Carlos Comín era, en efecto, católico; era también militante del PSUC, el partido comunista de Cataluña y una de las cunas del eurocomunismo. El lector español de 1980 lo sabía. El libro prefiere no saberlo.

Sobre este punto, la crítica que la IV Internacional hacía del eurocomunismo coincide en parte con la soviética, y hay que decirlo. Livio Maitan, en Inprecor (nº 3, marzo de 1979), examinando las tesis del PCI y del PCF en vísperas de sus congresos, describía también un proceso de socialdemocratización de los partidos comunistas, y se preguntaba si el PCI estaba dispuesto a celebrar «su propio Bad Godesberg». La resolución sobre Europa del XI Congreso Mundial de la IV Internacional, adoptada en noviembre de 1979 y publicada en castellano por Inprecor, observaba que los partidos eurocomunistas, «Después de haber cumplido la formalidad de retirar del programa el concepto de dictadura del proletariado —que, desde hacía tiempo, era totalmente extraño a su práctica y a su línea—», avanzaban hacia una revisión más general. Lo que separa ambas críticas es la dirección en que miran. Para Fedoséiev y su equipo, el pecado de los eurocomunistas es alejarse de Moscú. Para la IV Internacional era lo contrario: «Las direcciones de los partidos eurocomunistas pretenden romper con el estalinismo», decía la misma resolución, pero se niegan «a cuestionar elementos decisivos de su filiación con la casta burocrática». El eurocomunismo se criticaba allí por lo que conservaba del estalinismo; el libro lo critica por lo que había abandonado.

La historia que se cuenta y la que se calla

El capítulo V traza las «Principales etapas en la historia de la cooperación de comunistas y socialdemócratas», y es el lugar donde mejor se ve cómo trabaja el libro. Los años 1919-1922 son de «espera»; luego, «En 1923-1928 se observó una escalada de la lucha contra los partidos comunistas», siempre por iniciativa socialdemócrata. A continuación: «A comienzos de la década del 30 se perfilaron en una serie de partidos de la Internacional Obrera Socialista tendencias más realistas». Entre una frase y otra han desaparecido cinco años. De 1928 a 1933 la Internacional Comunista calificó a la socialdemocracia de «socialfascismo», prohibió a sus secciones todo frente único que no fuera «por la base» y llevó al Partido Comunista alemán a combatir al SPD con más energía que a los nazis hasta el día en que Hitler los disolvió a ambos. Esa política, y no la falta de realismo socialdemócrata, es lo que debe explicar una historia honesta de las relaciones entre las dos corrientes en vísperas de 1933. La Oposición de Izquierda la condenó en el momento: entre los once puntos que Trotsky redactó en julio de 1933 como su plataforma figura el «Rechazo de la teoría del social-fascismo y de toda la práctica ligada a ella» (el texto se publicó en castellano en Inprecor, nº 65, diciembre de 1988). En un libro que pretende enseñar a los comunistas a tratar con los socialdemócratas, la palabra socialfascismo no aparece, y Stalin, que la acuñó, tampoco.

El mismo método rige las fechas siguientes. «En 1939-1941, la Internacional Obrera Socialista atravesaba una crisis orgánica e ideológica que desbocó en su disgregación. Se interrumpió el diálogo con los comunistas.» No se dice qué ocurrió en agosto de 1939, ni cuál fue durante casi dos años la línea de los partidos comunistas respecto de la guerra y de los socialdemócratas que la apoyaban. Y después de la guerra: «En 1948, del Comisco (Comité de la Conferencia Socialista Internacional, fundado en 1947) fueron expulsados los partidos socialdemócratas que cooperaban con los comunistas.» Lo que el libro calla es en qué consistía esa cooperación. Ese mismo año los partidos socialdemócratas de Checoslovaquia, Hungría y Polonia fueron fusionados con los partidos comunistas en el poder, y los socialdemócratas que se negaron acabaron en el exilio o en la cárcel; en la zona soviética de Alemania la fusión que dio origen al SED se había hecho en 1946. El libro conoce perfectamente al SED: lo cita, como «PSUA», en su estadística sobre la composición obrera de los partidos de la comunidad socialista. No dice cómo se formó. Para un socialdemócrata de 1948, la ruptura con los comunistas no fue una decisión de la «guerra fría» tomada en el vacío; fue la respuesta a la desaparición, uno tras otro, de sus partidos hermanos del Este.

La democracia socialista según la Constitución de 1977

El capítulo IV responde a la acusación central de la socialdemocracia —que en la URSS no hay democracia— con la Constitución soviética de 1977. Es la parte más débil del libro y la que mejor se presta a la prueba de leer más allá de la cita. Para mostrar que el partido no suplanta al Estado, los autores citan el artículo 6: «“Todas las organizaciones de partido actúan en el marco de la Constitución de la URSS” (artículo 6)». Es la última frase del artículo. La primera, que el libro no reproduce, dice: «La fuerza dirigente y orientadora de la sociedad soviética y el núcleo de su sistema político, de las organizaciones estatales y sociales es el Partido Comunista de la Unión Soviética». El libro asegura a continuación que el partido «no ejerce el dominio sobre la sociedad y el Estado, sino que conduce la actividad de todo el pueblo», y para ello necesitaba dejar fuera precisamente la frase de la Constitución que consagraba ese dominio. La cita es exacta; el corte está al principio, no al final, pero la operación es la misma.

La argumentación teórica en favor del partido único descansa en una tesis sociológica: la sociedad soviética «es homogénea en el sentido de que actualmente está compuesta sólo por clases y grupos que son socialistas por naturaleza». Donde no hay clases antagónicas, no hay base para varios partidos. Es exactamente el razonamiento con que Stalin defendió en 1936 la Constitución anterior, y Trotsky le contestó en el capítulo 10 de La revolución traicionada: las clases son heterogéneas, se desgarran por antagonismos internos y resuelven sus problemas comunes mediante la lucha de tendencias, grupos y partidos. «No se encuentra en todo el curso de la historia política un ejemplo de un solo partido que corresponda a una sola clase», concluía, «siempre que, por supuesto, no se tome la apariencia policíaca por la realidad». El libro de 1978 añade al argumento de 1936 una cifra —que los diputados de los soviets locales elegidos en 1977 eran en un 42,3 por 100 obreros— y una precisión involuntaria: las campañas electorales «se celebran bajo la dirección de las organizaciones del partido». No dice cuántos candidatos se presentaban por cada escaño.

El capítulo enumera los derechos de la nueva Constitución y destaca uno: «Se prohíbe el acoso por haber hecho crítica.» El lector de 1980 podía recordar que entre 1977 y 1978 los miembros de los grupos soviéticos de vigilancia de los acuerdos de Helsinki habían sido detenidos y condenados por hacer exactamente eso. Helsinki aparece en el libro una vez, en boca de un político latinoamericano que elogia la distensión.

Ahí está también el defecto que recorre todo el volumen, y que no es cuestión de vocabulario. El libro dispone de categorías afiladas: se indigna con razón de que el general Haig, el secretario de Estado Vance y el presidente Carter amenazaran a Italia y Francia si los comunistas entraban en sus gobiernos, y califica esas declaraciones de «una grosera injerencia en los asuntos internos de los mismos». Conoce la expresión de Marx «socialismo de cuartel», y la usa: «“socialismo de cuartel”, que tiene en el presente su expresión más deformada en el maoísmo». Pero ninguna de esas categorías puede aplicarse nunca al propio campo. Checoslovaquia aparece en el libro una vez, como país con el que Venezuela amplió sus relaciones comerciales; 1968, sólo como fecha de fundación de un partido israelí y de edición de un libro. Hungría, igual. La injerencia es lo que hacen Washington y Bonn; el cuartel está en Pekín. Las acusaciones de este libro no viajan nunca en las dos direcciones, y una acusación que no puede volverse contra quien la formula no describe el mundo: señala una frontera.

Lo que se sostiene

Nada de esto debe impedir ver lo que el libro hace bien, que no es poco. El capítulo III, «Qué aspecto presenta el “socialismo democrático” en la práctica», es una crítica seria y bien documentada de los gobiernos socialdemócratas de los años setenta, y en lo esencial ha resistido el paso del tiempo. Muestra que ninguno de ellos tocó la estructura del Estado, cuya maquinaria permanente, incluido el aparato represivo, «que tiene en sus manos el verdadero poder administrativo del país, sirve igualmente a los gobiernos burgueses y socialdemócratas». Recoge la confesión de Olof Palme en una conversación con Brandt y Kreisky en 1975: «En cierto grado, nosotros, los socialistas, vivimos en un estado de simbiosis con el capitalismo». Documenta la Berufsverbot del gobierno de Brandt y Schmidt: «La “interdicción profesional” ha sido aplicada contra dos mil funcionarios públicos», y alrededor de 700.000 personas fueron investigadas sobre su lealtad constitucional. Sigue la trayectoria de la cláusula IV de los estatutos laboristas desde 1918 y la conversión de la nacionalización en gestión del capitalismo monopolista de Estado (con un error de fecha: el libro sitúa en 1951 la tentativa de suprimir la cláusula, que Gaitskell emprendió tras la derrota electoral de 1959). Y tiene la honradez de añadir que, «dentro de la alternativa “democracia burguesa o reacción autoritaria”, la postura de los socialdemócratas resulta en muchos aspectos preferente para las capas trabajadoras de la población»: no todo en este volumen es denuncia.

En este terreno, Fedoséiev y la IV Internacional dicen en sustancia lo mismo. Ernest Mandel, respondiendo en febrero de 1977 a la ministra laborista Shirley Williams, que acababa de pedir la expulsión de los trotskistas del Partido Laborista en nombre de la democracia, le recordaba las Berufsverbote de Helmut Schmidt, la tortura en Argelia bajo el gobierno de Guy Mollet y la represión en Malasia y Kenia bajo el de Attlee (el texto se publicó en castellano en Inprecor, nº 67, febrero de 1977). La resolución sobre Europa de 1979 definía a los partidos socialdemócratas con la vieja fórmula de los «lugartenientes obreros del capital». En la crítica de lo que la socialdemocracia hizo en el gobierno, el libro soviético no está solo ni es el primero, pero tiene razón.

La diferencia aparece en cuanto se pregunta por qué la socialdemocracia conservaba, pese a todo, la confianza de millones de trabajadores. El libro tiene una sola explicación: un sector de los trabajadores se inclina a buscar «otros modelos de socialismo» porque está «influenciados por la feroz campaña desatada por el capital monopolista contra los partidos comunistas y el socialismo real». La resolución de 1979 daba otra, entre varias razones del auge de los partidos socialistas francés, español y portugués: «la experiencia traumatizante del fascismo y del estalinismo convierte en candente la cuestión de las libertades democráticas y de la relación entre democracia y socialismo. Los partidos socialdemócratas han podido demagógicamente canalizar estas aspiraciones democráticas.» Es la explicación que el libro no puede dar, porque exigiría nombrar la mitad de ella.

La respuesta

Mandel lo dijo de la manera más breve en el artículo de 1977: «No hay socialismo sin democracia socialista.» En el mismo texto, al recordar a Williams la responsabilidad de sus correligionarios de los años veinte y treinta —de Ebert y Noske a MacDonald y Blum— en el aislamiento de la revolución rusa, escribió que Stalin era hijo de aquella socialdemocracia, «posiblemente» ilegítimo, «pero su hijo a pesar de todo». La frase resume la posición desde la que se contestó a la vez a libros como éste y a la socialdemocracia que este libro combate: ninguna de las dos tradiciones podía presentarse como la respuesta a la otra, porque cada una era en parte responsable de la otra.

La exposición más completa de esa posición es la resolución «Democracia socialista y dictadura del proletariado», adoptada por el XI Congreso Mundial de la IV Internacional en noviembre de 1979 —por mayoría y con una minoría considerable en contra, porque el debate fue real— y publicada en castellano por Inprecor en 1980, el mismo año que esta edición. Contesta punto por punto al capítulo IV de Fedoséiev: «La teoría marxista del Estado no incluye en modo alguno la concepción de que un sistema de partido único sea una condición previa necesaria o una característica del poder de los trabajadores, del Estado obrero, o de la dictadura del proletariado.» Defiende la pluralidad de partidos, la independencia de los sindicatos y el derecho de huelga en el Estado obrero, y presenta el poder de los consejos como «única solución de recambio coherente y seria con respecto a las dos revisiones fundamentales del marxismo que encarnan el reformismo socialdemócrata y la codificación estalinista del poder monopolista de una casta burocrática usurpadora». Se comparta o no su programa, es el texto que hay que leer junto a éste.

Queda la fórmula del principio. Si el «socialismo democrático» es, como sostiene el libro, «democracia menos socialismo», el libro defiende sin decirlo su simétrico: un socialismo de propiedad estatal al que se le ha restado la democracia, y que llama «democracia socialista» a una Constitución cuyo artículo sexto no se atreve a citar entero. Leído así, ¿Qué es el «socialismo democrático»? sigue siendo un documento valioso: por lo que demuestra de los gobiernos socialdemócratas, y por lo que deja ver, en cada silencio, del Estado que lo encargó. El lector español de 1980 tenía delante a Felipe González y a Santiago Carrillo. El libro no le habló de ninguno de los dos.

Las citas de textos de los que no se ha podido consultar una edición castellana se dan en traducción propia.