Editorial ProgresoMoscú

Coloquios sobre la democracia soviética

Introducción crítica sobre la edición de 1980

El libro

Esta introducción abre Coloquios sobre la democracia soviética, de M. Krutogólov.
Rústica en Bookmundo

Este libro termina con una invitación que conviene aceptar. Al llegar a la conclusión, el autor renuncia a extraer las suyas: «Usted sabrá mejor que yo la situación de su país. Yo le he hablado del mío. Compare y haga sus propias deducciones.» Es un final de conferenciante, y Mijaíl Krutogólov lo era de oficio. Según la nota de la contracubierta de esta edición, había nacido en 1928, era catedrático de Derecho Constitucional en el Instituto del Estado y el Derecho de la Academia de Ciencias de la URSS y vicepresidente de la Asociación de Juristas Soviéticos, y entre 1966 y 1968 había enseñado como profesor extranjero en la Facultad de Derecho de París. El prefacio explica que los Coloquios nacen de las conferencias que dio en universidades de Francia, Italia, Bélgica, Suiza, Canadá, Inglaterra, América Latina, África y Asia, y de las preguntas de unos oyentes para quienes la democracia se medía por «el número de partidos y de candidatos que compiten en las elecciones». El libro está construido para responder a esas preguntas, y hay que leerlo así: como la respuesta oficial, dada por un jurista competente, a la objeción que el público extranjero hacía una y otra vez.

La Editorial Progreso lo publicó en Moscú en 1980, en traducción del ruso de Ricardo San Vicente; el título original, que el pie de imprenta reproduce sin fecha, es Беседы о советской демократии. El texto se fecha solo. El prefacio cuenta todavía sesenta años de poder soviético, es decir, se escribió en torno a 1977, y gira sobre la Constitución aprobada el 7 de octubre de ese año. Las cifras más recientes son las de las elecciones al Soviet Supremo del 4 de marzo de 1979, de las que se dan la composición por nacionalidades, por sexo y por afiliación. No hay nada posterior: ni la entrada de las tropas soviéticas en Afganistán en diciembre de 1979, ni ninguna de las cosas que ocurrirían en Polonia el verano siguiente. Es un manuscrito de 1979 que llegó a los lectores de lengua española en 1980. En España llegaba a un público que acababa de salir de casi cuarenta años sin elecciones libres, que había votado en junio de 1977 sus primeras elecciones con varios partidos y en diciembre de 1978 una Constitución; un público, en suma, al que el capítulo sobre las candidaturas únicas iba a interesar especialmente.

La tesis del libro es que la democracia soviética no debe juzgarse por las formas de la democracia burguesa, porque es una democracia de otro tipo, superior, que se extiende «en horizontal» a la fábrica, al koljós y a la escuela, y no sólo «en vertical» a los órganos del poder. La tesis tiene una genealogía respetable, y Krutogólov la invoca con razón: es la de Marx sobre la Comuna y la de Lenin sobre los soviets. Precisamente por eso hay que empezar por los soviets.

Los soviets que el libro no nombra

El capítulo «Qué son los Soviets de Diputados Populares» abre con una afirmación exacta: «Los Soviets no se impusieron desde arriba, no surgieron de un decreto, sino que se crearon en el centro y en los diversos lugares fruto de la iniciativa revolucionaria de las masas.» Lo que el libro no dice es cuándo, ni dónde, ni cómo. En sus doscientas cincuenta páginas no aparecen el año 1905, ni San Petersburgo, ni Petrogrado, ni la palabra huelga. Un tratado sobre los soviets no menciona el acontecimiento del que nacieron.

Los soviets nacieron de una huelga general. En octubre de 1905 los obreros de San Petersburgo eligieron en las fábricas a sus delegados, uno por cada quinientos trabajadores, y el consejo que formaron dirigió la huelga, publicó su propia prensa y actuó durante cincuenta días como un poder rival del zarismo, hasta que la tropa lo disolvió el 3 de diciembre. Su segundo presidente, León Trotsky, escribió en 1907 la definición más precisa de aquella institución: «El Soviet es el primer poder democrático de la historia moderna de Rusia. [...] Es una democracia auténtica, sin adulterar, sin sistema bicameral, sin burocracia profesional, con el derecho de los electores a revocar a su diputado en cualquier momento y a sustituirlo por otro.» El soviet era un órgano de clase elegido en el lugar de trabajo, revocable desde abajo y nacido de la acción directa de los propios trabajadores.

Hay que reconocer que Krutogólov defiende casi punto por punto los mismos principios. Insiste en que «En la URSS no existen diputados profesionales», en que el diputado sigue en su fábrica o en su koljós, en que los electores le dan mandatos imperativos y en que pueden revocarlo. Sobre los rasgos del soviet ideal, el jurista de 1979 y el presidente del soviet de 1905 están de acuerdo. La diferencia está en lo que el libro no cuenta: quién designa a los candidatos, y qué fue del pluralismo del que esos órganos vivieron.

Porque los soviets de 1917 fueron, ante todo, un terreno de lucha entre partidos. Mencheviques y socialistas revolucionarios tuvieron la mayoría desde febrero; los bolcheviques la conquistaron en los soviets de Petrogrado y de Moscú en septiembre, en elecciones y votaciones que podían perder, y sólo entonces plantearon la insurrección en nombre del II Congreso. El propio Krutogólov da la composición del Comité Ejecutivo Central que salió de aquel congreso: «62 bolcheviques, 29 socialistas-revolucionarios (eseristas) de izquierda, 6 mencheviques internacionalistas, 3 socialistas ucranianos y un socialista-revolucionario maximalista». Es el retrato de un órgano pluripartidista, y el libro lo ofrece sin sacar la consecuencia. Lo que añade a continuación es falso: «Sin embargo, los otros partidos, incluidos los eseristas de izquierda, no sólo se negaron a colaborar con los bolcheviques». Los eseristas de izquierda entraron en el Consejo de Comisarios del Pueblo en diciembre de 1917 y ocuparon en él, entre otras, las carteras de Agricultura y de Justicia; salieron en marzo de 1918, en protesta por la paz de Brest-Litovsk. El primer gobierno soviético fue una coalición. Un libro que quiere demostrar que el partido único no nació de una decisión sino de la deserción de los demás tiene que borrar esos tres meses, y los borra.

De los consejos de fábrica al distrito electoral

Krutogólov cuenta con exactitud la reforma decisiva, aunque la presenta como un progreso. En 1918, explica, los diputados se elegían «mediante votación abierta en los colectivos de trabajo, en las unidades militares y en las reuniones de trabajadores del lugar de residencia». Con la Constitución de 1936, «En lugar del sistema de congresos de Soviets se creó un sistema único de Soviets de diputados de los trabajadores, elegidos de forma directa por la población», por sufragio universal, igual, directo y secreto. Desde entonces el diputado no lo elige una fábrica sino un distrito electoral.

Trotsky analizó esa reforma en el capítulo X de La revolución traicionada (1936), «La nueva Constitución en el espejo», el mismo año en que se aprobó. Lo que la distinguía de la anterior, escribió, era «el retorno del sistema soviético de elección por grupos de clase y de producción al sistema de la democracia burguesa, basado en el llamado voto “universal, igual y directo” de una población atomizada». La forma soviética, la de 1905 y 1917, se abandonaba precisamente en el momento en que se proclamaba su triunfo. Y Trotsky hizo una pregunta que el libro de Krutogólov ni siquiera plantea: si la igualdad política corresponde a una igualdad social ya alcanzada, ¿de quién tiene que proteger el voto secreto al ciudadano de un país socialista? «La respuesta es clara: de la burocracia.» No era una objeción de principio al voto secreto, que Trotsky consideraba una conquista frente al terror de los explotadores, sino una pregunta sobre el uso que podía tener cuando sólo hay un nombre en la papeleta. Y sobre ese nombre había escrito un año antes, en febrero de 1935, cuando se anunció la reforma: «¿Quién se atrevería a oponer su propia candidatura a la lista oficial? Un oposicionista que fuese elegido por “votación secreta” sería declarado enemigo de clase inmediatamente después de las elecciones.»

Un candidato por escaño

El libro no esquiva la pregunta, y hay que reconocerle el mérito: «Las personas desconocedoras del sistema electoral soviético a menudo se preguntan por qué en la URSS figura en las elecciones un solo candidato.» La respuesta es una descripción minuciosa del procedimiento. Cualquier organización social o reunión de trabajadores puede proponer candidatos; la ley no limita su número; las candidaturas se discuten. Pero luego las conferencias de circunscripción reúnen a los representantes de todas las reuniones, y «La conferencia selecciona al más apropiado y lo recomienda para que sea incluido en el boletín y el registro en calidad de candidato». Las organizaciones no compiten: concurren en un bloque único de comunistas y sin partido, bajo la dirección del Partido Comunista, y ese bloque, escribe el autor con toda naturalidad, es el «que invariablemente obtiene la victoria en las elecciones». El procedimiento, concluye, «predetermina la unanimidad en la votación el día de las elecciones».

La palabra es exacta: predetermina. La elección tiene lugar antes de la votación, en una conferencia que nadie elige por sufragio secreto. Así había ocurrido desde las primeras elecciones al Soviet Supremo, en diciembre de 1937, que se celebraron en plena oleada de detenciones, y así siguió ocurriendo: las papeletas soviéticas conservaron hasta el final la instrucción de dejar el nombre de un solo candidato y tachar los demás, en una papeleta en la que sólo había uno. Que la participación subiera en la serie del propio libro hasta el 96 % en 1937, y que desde 1939 supere «el 99%», no dice nada a favor del sistema; dice algo sobre lo que costaba abstenerse.

Las cifras que Krutogólov aporta para demostrar que el candidato no es elegido automáticamente demuestran lo contrario. En las elecciones locales de junio de 1975, escribe, «no fueron elegidos 62 candidatos a los Soviets rurales, 2 a los Soviets de distrito rural, y 1 a los de distrito». Sesenta y cinco en total, en unas elecciones en las que, según el mismo libro, se eligieron 2.210.932 diputados locales: uno de cada treinta y cuatro mil. La revocación, que el libro presenta con razón como una de las herencias de 1917, existe y se aplica: más de cuatro mil diputados locales entre 1965 y 1973, doce diputados del Soviet Supremo entre 1959 y 1976. Pero los dos ejemplos que se dan con detalle son el de un concejal de aldea que no consiguió la tienda ni el gas prometidos y el de un presidente de comité ejecutivo que repartía viviendas fuera de turno. Nadie es revocado por lo que piensa. Y la revocación, a diferencia de la elección, «se decide en una votación abierta».

La unanimidad y sus razones

La parte más reveladora del libro es la defensa de la unanimidad del Soviet Supremo, cuyas sesiones, explica, suelen durar tres o cuatro días. El autor sabe lo que se dice fuera: «De esta unanimidad no hablan ni escriben más que en un tono irónico.» Su respuesta tiene la forma de una pregunta: «¿sobre qué base podrían surgir semejante género de divergencias, qué grupos sociales de la sociedad soviética tienen intereses contrapuestos con los de toda la sociedad y cuáles serían los motivos por los cuales cualquiera de los diputados del Soviet Supremo se tendría que oponer a las leyes propuestas?» Y la garantía tiene la forma de una profecía: que el Soviet Supremo adopte una ley contraria a los intereses de todo el pueblo, o rechace una que los favorezca, «Esto ni ha ocurrido ni nunca ocurrirá.»

Aquí conviene aplicar la prueba más sencilla: ¿puede volverse la categoría contra quien la emplea? En el libro, la divergencia de intereses es un concepto disponible para explicar los parlamentos burgueses, donde la mayoría de los diputados defiende a los capitalistas contra sus electores. No está disponible para explicar el soviético. Los «elementos de burocratismo» aparecen como defectos de estilo que los comités del partido ayudan a corregir, nunca como los intereses de una capa social. La única desigualdad política que el libro admite está dicha en broma: «en la URSS sólo hay una “clase privilegiada”, que son los niños». Del salario de los funcionarios, que para Lenin era la piedra de toque de la nueva democracia, no se dice una palabra. En El Estado y la revolución, Lenin había escrito que «La completa elegibilidad y amovilidad de todos los funcionarios en cualquier momento y la reducción de su sueldo al nivel del corriente “salario de un obrero”» eran las medidas que unían los intereses de los obreros y de la mayoría de los campesinos (cito por la edición castellana de Progreso). Krutogólov conserva la amovilidad y omite el salario.

La resolución «Democracia socialista y dictadura del proletariado», adoptada por el XI Congreso Mundial de la IV Internacional en noviembre de 1979 y publicada en castellano en un número especial de Inprecor en 1980, discutió exactamente este razonamiento. Entre los dogmas del modelo de partido único enumera el de unos intereses obreros que «se consideran como homogéneos en todas las situaciones y en relación a todos los problemas», y responde: «De entrada, la idea de una clase obrera homogénea, exclusivamente representada por un único partido, está en contradicción con toda la experiencia histórica». La resolución practicaba lo que defendía: la revista que la publicó hizo constar que había sido aprobada por 66,5 votos contra 25,5, con 3,5 abstenciones. Es una cifra modesta, pero es una cifra que el Soviet Supremo de 1979 no habría podido imprimir.

El partido que no ordena

Sobre el Partido Comunista, el libro sostiene dos cosas a la vez. La primera es que su dirección es política y no administrativa: «el partido no ordena, no suplanta ni sustituye a los órganos estatales y sociales, sino que formula las tareas, convence, orienta y dirige». La segunda la dice Lenin, citado por el propio Krutogólov pocas páginas más adelante: «En nuestra República, ninguna institución del Estado resuelve problemas políticos o de organización importantes, cualesquiera que sean, sin las directrices del Comité Central del partido». Lenin lo escribía en 1920 como una descripción franca de un régimen en guerra civil; el libro lo cita como prueba de que el partido dirige «tanto política como organizativa» la actividad del Estado, y no ve la contradicción con lo que acaba de afirmar.

Dos episodios del libro la hacen visible. En la discusión popular del proyecto de Constitución de 1977, cuenta Krutogólov, llegaron cartas que proponían transferir las funciones estatales a los órganos del partido e «investir al Buró Político del CC del PCUS de poder legislativo»; la Comisión Constitucional las rechazó por erróneas. Los ciudadanos que las escribieron habían descrito el sistema con más exactitud que la Comisión. Y en el capítulo sobre el Presídium, el libro informa de que desde 1977 el cargo de jefe colegiado del Estado lo ocupa el secretario general del partido, L. I. Brézhnev, y añade: «La decisión de reunir estos dos cargos, adoptada en el Pleno del CC del PCUS, posee un profundo significado político». La jefatura del Estado la decidió el Pleno del partido, y el Soviet Supremo la ejecutó. El libro no explica qué fue de quien ocupaba el cargo hasta entonces, Nikolái Podgorni, apartado en junio de 1977 sin una palabra de explicación pública.

Libertades con dueño

El capítulo sobre los derechos del ciudadano es el más débil del volumen, y no por falta de información. Su argumento central sobre la libertad de prensa es que existe porque los medios materiales para ejercerla, «periódicos, imprentas, emisoras de radio, estudios de televisión y cine, etc.— son unos bienes sociales, y no pertenecen a personas o compañías particulares». Que sean sociales no dice quién decide qué se imprime. La resolución de 1979 contestó a este argumento casi con las mismas palabras: conceder a un partido único y a las organizaciones que controla «un monopolio de acceso a las imprentas, a la radio, a la televisión y otros medios de difusión masiva, a las salas de reunión, etc., todo ello implica de hecho limitar y no extender los derechos democráticos del proletariado, en comparación con los que tienen bajo la democracia burguesa».

Hay además un silencio que se puede contar. Un capítulo que cita los artículos 34, 40, 41, 42, 43, 45, 46 y 48 de la Constitución de 1977 no cita ni el 50, que garantiza las libertades de palabra, prensa, reunión y manifestación, ni el 51, que garantiza la de asociación. El motivo es que ambos las garantizan con una condición: de conformidad con los intereses del pueblo y con los objetivos de la edificación del comunismo, que es lo que el partido define. El libro prefiere enunciar la condición por su cara penal. Responden ante los tribunales, explica, quienes buscan minar el régimen o propagan afirmaciones falsas contra él, porque la ley castiga igual la calumnia contra una persona que «la calumnia con respecto a toda la sociedad, es decir, la difamación social». Cuando el libro se imprimía en castellano, Inprecor recordaba en septiembre de 1980 que Petr Uhl, uno de los fundadores de la Carta 77 checoslovaca, que se reclamaba de las posiciones de la IV Internacional, cumplía una condena de cinco años de prisión en régimen severo.

Los sindicatos y su «función de defensa»

El capítulo «Democracia en la producción» contiene la afirmación más instructiva del libro. Los sindicatos soviéticos, escribe Krutogólov, «han superado su “función de defensa”, pues en nuestro país ya hace mucho tiempo que fueron suprimidas las clases explotadoras». Conservan, admite, la tarea de defender a los trabajadores de los «excesos de celo de la administración» y de las «deformaciones burocráticas», y el libro cita casos reales de directores destituidos a petición del sindicato. Pero la defensa frente al Estado ha desaparecido como función, porque se supone que ya no hay de quién defenderse.

Lenin sostuvo lo contrario, y lo sostuvo contra Trotsky. En la discusión sobre los sindicatos del invierno de 1920-1921, Trotsky propuso integrarlos en el aparato del Estado; Lenin respondió que el Estado soviético era un Estado obrero con una deformación burocrática y que por eso los obreros necesitaban sindicatos capaces de defenderlos también frente a su propio Estado. En aquella discusión tenía razón Lenin, y en esa misma línea se sitúa la resolución de 1979: «La existencia de sindicatos independientes y de una legislación laboral que garantice el derecho de huelga, son a este respecto determinantes para asegurar la defensa de las necesidades de los trabajadores y de su nivel de vida, frente a las decisiones tomadas por los consejos obreros, particularmente frente a cualquier arbitrariedad burocrática.» El libro de Krutogólov describe un orden en el que el derecho de huelga no existe, y no lo dice, porque la palabra no aparece en él.

Mientras Krutogólov preparaba estas páginas, un grupo de trabajadores soviéticos intentó ejercer la función que el libro daba por superada. Intercontinental Press, la revista del Socialist Workers Party norteamericano, siguió el caso durante todo el invierno de 1977-1978. Vladímir Klebánov, capataz durante dieciséis años en una mina de la cuenca del Donets, había protestado por las condiciones de seguridad, había sido despedido e internado más de cuatro años en un hospital psiquiátrico. En las salas de recepción de los organismos supremos del partido y del Estado, en Moscú, encontró a cientos de trabajadores despedidos por denunciar la corrupción o los accidentes, que llevaban años presentando quejas. El 26 de enero de 1978 anunciaron ante la prensa extranjera la creación de un sindicato independiente, que primero pensaron llamar «Sindicato para la Defensa de los Trabajadores» y que acabó llamándose Asociación de Sindicatos Libres de los Trabajadores de la URSS. «Individualmente no podemos hacer nada. Tenemos que actuar juntos», dijo Klebánov a los periodistas. La policía intentó detenerlo al día siguiente y él pasó a la clandestinidad. El resumen que publicó Intercontinental Press el 8 de mayo de 1978 citaba un informe del Grupo de Helsinki de Moscú, de octubre de 1976, según el cual «unas doce personas al día son enviadas por la policía a los psiquiatras de guardia sólo desde la sala de recepción del Presídium del Soviet Supremo de la URSS». El libro, en el capítulo sobre los soviets locales, asegura que la gente acude a ellos con sus quejas «como a su propia casa».

Y en el verano de 1980, el año de esta edición castellana, la objeción dejó de ser la de unos pocos. Los obreros de los astilleros de Gdansk y de Szczecin formaron comités de huelga interempresas, elegidos en asambleas de fábrica, que negociaron con el gobierno polaco y arrancaron el derecho a formar sindicatos independientes. El editorial de Inprecor de septiembre de 1980 subrayó lo que había de nuevo en ellos: «La democracia directa y de masas que preside la organización de la huelga, los comienzos de coordinación entre diversos MKS (Comités de Huelga Interempresas), la discusión de una prensa obrera hecha por los huelguistas». Delegados elegidos en el lugar de trabajo, una prensa propia, una huelga general como acto fundador: era la forma de 1905, reaparecida en un Estado que se llamaba socialista y que se proclamaba heredero de los soviets.

Lo que el libro enseña

Nada de esto convierte el libro en inútil, y el lector perdería mucho si lo dejara de lado. Krutogólov era un comparatista serio, y se nota. Su descripción de la maquinaria institucional soviética es la más ordenada que puede encontrarse en castellano para esos años: la estructura del Soviet Supremo y de sus comisiones permanentes, las competencias del Presídium según los artículos 121 y 122, el procedimiento de revocación de la ley de 1959, la ley del estatuto del diputado de 1972, cuyo artículo 32 prohíbe despedir a un diputado sin el consentimiento de su soviet, las facultades de los comités sindicales de empresa establecidas en 1971 y las de las asambleas permanentes de producción. Las cifras son abundantes y, hasta donde pueden contrastarse, verosímiles, y permiten ver con exactitud cuántos diputados había, de qué profesión, con cuántos mandatos y cuántas interpelaciones. Sus comparaciones con el derecho electoral francés o norteamericano son informadas y a veces certeras.

Tampoco es vacío su argumento de fondo, el de que una democracia que no garantiza el trabajo, la vivienda, la salud y la instrucción es una democracia recortada. La resolución de 1979 lo suscribe: la democracia obrera ha de ser superior a la burguesa «no sólo en la medida en que se extiende a la esfera económica y social», sino también por la amplitud de sus libertades políticas. La primera mitad de esa frase es la tesis de Krutogólov; la segunda es la que su libro no puede escribir. Del mismo modo, Trotsky reconocía en 1936 que lo que la Constitución de aquel año tenía de principio y de significativo, y la elevaba por encima de las constituciones burguesas, era «una paráfrasis diluida de los documentos fundamentales de la revolución de Octubre». Lo mismo vale para los principios que este libro defiende con más convicción: el diputado no profesional, el mandato imperativo, la revocación, la extensión de la democracia a la empresa. Proceden de 1905 y de 1917, y son buenos principios.

Krutogólov, pues, pide al lector que compare, y su libro permite hacerlo con precisión. Basta poner sus capítulos al lado del soviet que nació de una huelga en San Petersburgo en 1905, del Comité Ejecutivo pluripartidista de noviembre de 1917 que él mismo describe, o de los comités de huelga de Gdansk de 1980. En los tres casos los delegados se elegían en el lugar de trabajo, entre varias opciones, y podían perder. En el sistema que describe el libro, el candidato es uno, el bloque gana siempre y la unanimidad está decidida antes de votar. Los rasgos del soviet que el autor conserva son reales; falta lo que hacía de él un poder de los trabajadores, que era la posibilidad de elegir entre opciones distintas y de equivocarse.

Las citas de textos de los que no se ha podido consultar una edición castellana se dan en traducción propia.